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Sánchez al Supremo: Amnistía por votos
En el mercado de la política española, el trueque es la moneda oficial. Pero hay transacciones que huelen a cerrado. Manos Limpias ha decidido llevar al Tribunal Supremo el relato de una operación que, según ellos, no fue un acuerdo de Estado, sino un 'pack promocional' donde el producto era la supervivencia en Moncloa y el precio una Ley de Amnistía redactada, presuntamente, en el despacho de Carles Puigdemont. La trama tiene un detonante casi cómico: una entrevista en 'El Mundo' donde Puigdemont presume de haber jugado con la 'ambición desmedida' de Pedro Sánchez. Es como si el vendedor te confesara que te ha timado porque tenías demasiadas ganas de comprar el coche. Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, no se ha quedado en la anécdota y ha lanzado una denuncia por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El nudo del asunto es un detalle reglamentario que parece haber pasado desapercibido entre tanta urgencia por el poder. En diciembre de 2023, el colectivo avisó a Francina Armengol de que los diputados de ERC y Junts no podían votar la ley porque eran los beneficiarios directos. Es la lógica del sentido común: no puedes ser el juez y el parte, ni el que firma el cheque y el que lo cobra. Sin esos votos, que Manos Limpias tilda de 'infracción inequívoca', la ley habría muerto en la cuna. Ahora, la justicia deberá decidir si Sánchez hizo un pacto democrático o si simplemente canjeó la legalidad por un puñado de votos para mantener el sillón. El colectivo pide que Puigdemont y el periodista Esteba Urreiztieta declaren. Al final, lo que está en juego no es solo una ley, sino si la Constitución es un marco legal o simplemente una sugerencia que se puede negociar en un hotel de Bruselas.
Avales por email: 98 años de cárcel
Imaginen que alguien les pide un préstamo para montar un negocio, no presenta ni una nómina, ni un contrato, ni siquiera se molesta en rellenar un formulario, y ustedes, con la generosidad de un tío rico en Navidad, le sueltan el dinero basándose en un simple correo electrónico. Pues bien, esa es la 'ingeniería financiera' que aplicaron 14 ex altos cargos del PSOE y la Agencia IDEA en 2008 con la cooperativa Cofrutex. Mientras el ciudadano medio suda tinta para que el banco le apruebe una tarjeta de crédito, en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa bastó un 'plan de negocio' digital para comprometer 1,18 millones de euros públicos. La jugada fue maestra en su precariedad: Cofrutex usó ese respaldo para pillar un préstamo bancario de 1,47 millones y tratar de tapar sus agujeros contables. Spoiler: no funcionó. La empresa quebró en 2014, dejando a los trabajadores en la calle y un agujero final de 1.266.241,65 euros en las arcas andaluzas, sumando comisiones que nosotros, los contribuyentes, pagamos sin haber firmado nada. Lo más fascinante es la gestión posterior: cuando la cooperativa desapareció, los responsables de IDEA decidieron que reclamar el dinero era demasiado esfuerzo. Ahora, la Audiencia Provincial de Sevilla ha dicho basta. Francisco Vallejo Serrano, que ya conoce bien el interior de las prisiones por los ERE, y otros 16 implicados, incluidos Jacinto Cañete y Antonio Valverde, se enfrentan a un juicio oral. La Fiscalía Anticorrupción no se anda con chiquitas y pide una suma total de 98 años de prisión. Para la defensa, fue un simple error de trámite o una delegación de funciones; para la calle, es la eterna historia de usar el dinero público como si fuera un cajero automático sin código PIN.
DGT: Menos prevención y más multas
Parece que en la carretera el 'marketing' del castigo vende más que la prudencia. La DGT ha decidido jugar al Tetris con los incentivos de la Guardia Civil, y el resultado es una jugada maestra de cinismo administrativo. No es que el agente se lleve una comisión directa por cada multa —no es un vendedor de aspiradoras—, pero el sistema de puntos para el complemento de productividad anual se ha vuelto un juego de azar donde ganar significa sancionar más. Para entender el sablazo, hay que mirar la nómina. El complemento fijo, que ya era una miseria de 150 euros, fue recortado por el ministro Grande-Marlaska a unos ridículos 142,50 euros. Como si fueran propinas, el Gobierno ha decidido que el verdadero premio esté en la productividad de la unidad. Aquí es donde entra la ingeniería financiera de la DGT: quieren que los agentes sumen puntos. Pero ojo, que no es cualquier punto. Ahora, patrullar kilómetros en moto o hacer tests de alcoholemia preventivos —esa labor aburrida de evitar que alguien se mate— pierde peso. Específicamente, la prevención cae un 38% en el baremo de los 413 puntos totales que puede alcanzar una unidad. En cambio, el peso de las sanciones y delitos sube un 35%. Traducido al lenguaje de la calle: la DGT prefiere que el agente escriba la multa que que evite el accidente. Si la unidad llega al tope de puntos, se llevan una prima anual que oscila entre los 600 y los 1.250 euros. No es que te compres un yate, pero es el incentivo perfecto para que el radar sea el protagonista y el consejo preventivo pase a ser un recuerdo romántico. Al final, la seguridad vial se convierte en una hoja de Excel donde el éxito se mide en sanciones y no en vidas salvadas.
Alquileres de oro y ayudas públicas
Hay quien dice que el mérito es la base del éxito, pero hay otros que prefieren la ingeniería inmobiliaria con aroma a plástico. Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez-Castejón Barrios han perfeccionado el arte de cobrar sin sudar: mientras el resto de mortales peleábamos con el código QR y las mascarillas, ellos han ingresado 645.283 euros alquilando su nave de Playbol SA en Algete. Es una jugada maestra. El Gobierno, mediante el ICO y la Compañía Española de Reafianzamiento, inyectó 960.959 euros en ayudas públicas entre 2020 y 2021 para 'salvar' el negocio. Lo curioso es que el dinero público fue a parar a Industrias Plásticas Playbol SL, la empresa que opera la nave, la cual, con una puntualidad suiza, le paga el alquiler a los padres del presidente. Hablemos de números reales, de esos que no salen en los folletos institucionales. Los ingresos anuales de los padres de Sánchez han subido como la espuma: de 48.000 euros en 2018 a unos flamantes 109.281 euros en 2024. Básicamente, se han asegurado un sueldo mensual de unos 8.300 euros mientras el país intentaba no hundirse. Y mientras la empresa facturaba más de 23 millones de euros desde que el hijo llegó a Moncloa, la sociedad de los padres vaciaba el colchón, retirando 2,5 millones de euros desde 2018. Para completar el cuadro bucólico, recordamos que esta nave no es solo una mina de oro, sino también un escenario de negligencias. En 2015, una trabajadora casi pierde la mano en una máquina de 1991 que no tenía ni los certificados básicos. El padre del presidente, en un alarde de generosidad, no solo se negó a pagar las multas de la Inspección de Trabajo, sino que demandó a la víctima. Al final, el TSJ de Madrid le dio el correctivo en 2019, pero el alquiler sigue fluyendo, impoluto, como el plástico que fabrican.
Sánchez: la 'lista de la compra' de Puigdemont
Hay quien dice que en la política, como en el Tinder, el perfil nunca coincide con la realidad. Carles Puigdemont, cómodamente instalado en Bélgica mientras espera que el último fleco judicial de la amnistía se disuelva como azúcar en café, ha decidido abrir el libro de cuentas. En una entrevista con El Mundo, el expresidente catalán ha dejado a Pedro Sánchez en una posición más incómoda que un zapato dos tallas más pequeño. Puigdemont no se ha andado con rodeos: describe al jefe del Ejecutivo como alguien 'amoral' y con una 'ambición desmedida'. Para el independentista, Sánchez no fue un socio, sino un cliente maleable al que Junts pudo empujar hasta el límite. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación, el Gobierno parecía jugar a la generosidad extrema; Puigdemont confiesa que pedían 'de todo' y recibían un 'sí' tan rápido que ni sus propios negociadores se lo creían. Fue una especie de rebajas permanentes donde el Estado español terminó pagando el precio más alto. La negociación, que el PSOE intentó vender como una 'lista de la compra' inocente de infraestructuras y financiación, terminó siendo un menú degustación de soberanía y referéndums. Hubo hasta citas clandestinas en Suiza y mediaciones internacionales, detalles que hacen que la retórica oficial parezca un chiste de mal gusto. En medio del tablero, José Luis Rodríguez Zapatero actuó como el puente diplomático, siendo calificado por Puigdemont como alguien mucho más abierto que el propio Sánchez. El reparto de tareas fue claro: Santos Cerdán hacía de mensajero diligente, trasladando las concesiones que incluían desde la expedición del NIE hasta que los Mossos d'Esquadra controlaran fronteras. Al final, la ruptura llegó no por falta de dinero, sino por un contrato incumplido. Como quien cancela una suscripción porque el servicio no funciona, Junts dinamitó los decretos Maricarmen, precipitando las elecciones generales y dejando claro que, en este juego de espejos, la ambición es la única moneda que no se devalúa.
Sánchez pone 'ojos' remotos en las urnas
Hay quien dice que para leer un código QR basta con una mirada atenta o una app sencilla, pero el Gobierno de Pedro Sánchez prefiere ir a lo grande. Para las elecciones del 29 de noviembre, se han gastado 7 millones de euros en desplegar 61.603 teléfonos inteligentes en las mesas electorales. Siete millones. Para que uno se haga una idea, es como si el Estado decidiera comprar el último iPhone para cada rincón de la administración solo para comprobar si el DNI de un vecino es auténtico. Lo verdaderamente inquietante no es el sablazo presupuestario, sino el 'equipo' que han montado. No son simples lectores; son terminales con 128 gigas de memoria, geolocalización y, aquí viene el giro de guion, control remoto de la pantalla en tiempo real. Es decir, alguien, desde una oficina climatizada, podría ver lo que pasa en la mesa electoral mientras el ciudadano muestra su MiDNI. El pliego de condiciones es claro: permiten instalar aplicaciones a distancia y ejecutar comandos. Es una infraestructura de vigilancia disfrazada de modernización administrativa. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando vemos el calendario. El BOE publicó estas disposiciones mientras el país estaba en luto oficial por la tragedia de Urda, con 69 víctimas aún sin identificar. Mientras las familias lloraban, el Gobierno corría para blindar un sistema de identificación digital que, curiosamente, no es interoperable con la Unión Europea. La Policía dio el visto bueno, pero con una letra pequeña digna de contrato de telefonía: solo avalan la función de verificar el QR, no el hecho de que el móvil tenga capacidad de espionaje remoto o almacenamiento masivo. El Tribunal Supremo ya ha pedido explicaciones, porque en el expediente no aparece ni la marca ni el modelo de los aparatos. ¿Son tecnología punta o gadgets de saldo? Nadie lo sabe, pero el control remoto ya está instalado.
Siete millones en móviles 'ciegos' y remotos
Hay quien gasta el presupuesto mensual en un menú del día y quien, como el Gobierno, decide soltar 7.000.455 euros en un abrir y cerrar de ojos para alquilar 61.603 smartphones Android. No son móviles para que los escrutadores jueguen al Candy Crush, sino máquinas de 'máxima potencia' con 128 GB de almacenamiento, pantallas de 6,6 pulgadas y cámaras de 50 megapíxeles. Un despliegue técnico que haría palidecer a cualquier gamer, pero destinado a una tarea que, según el pliego, debe hacerse 'sin conexión a ninguna red externa'. Aquí es donde la lógica se va de vacaciones. El contrato ECG/21/2026, firmado el 21 de octubre por Carmen López García con Telefónica Defensa y Seguridad, es un ejercicio de equilibrismo mental: exigen que los móviles no se conecten a nada, pero pagan por líneas de datos, geolocalización y un control remoto que permite ver la pantalla en tiempo real. Es como comprar un coche blindado para ir al garaje de al lado, pero insistir en que tenga GPS satelital y control desde la NASA por si acaso. El Tribunal Supremo, que no se ha tragado el cuento, ha dado dos días de plazo para que Interior certifique que estos trastos son seguros. Mientras tanto, el informe del comisario Juan Carlos González Carvajal es un ejemplo de 'lavado de manos' profesional: dice que el verificador QR funciona, pero no suelta ni una palabra sobre si el resto del teléfono es un colador de datos. Al final, nos venden una seguridad de categoría ALTA mientras el Gobierno envía un único teléfono de muestra a la JEC, sin marca ni modelo, como quien entrega una pieza de Lego para explicar cómo funciona un rascacielos. Siete millones de euros por un misterio tecnológico que ahora debe justificarse ante la justicia.
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