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DGT: Menos prevención y más multas
Parece que en la carretera el 'marketing' del castigo vende más que la prudencia. La DGT ha decidido jugar al Tetris con los incentivos de la Guardia Civil, y el resultado es una jugada maestra de cinismo administrativo. No es que el agente se lleve una comisión directa por cada multa —no es un vendedor de aspiradoras—, pero el sistema de puntos para el complemento de productividad anual se ha vuelto un juego de azar donde ganar significa sancionar más. Para entender el sablazo, hay que mirar la nómina. El complemento fijo, que ya era una miseria de 150 euros, fue recortado por el ministro Grande-Marlaska a unos ridículos 142,50 euros. Como si fueran propinas, el Gobierno ha decidido que el verdadero premio esté en la productividad de la unidad. Aquí es donde entra la ingeniería financiera de la DGT: quieren que los agentes sumen puntos. Pero ojo, que no es cualquier punto. Ahora, patrullar kilómetros en moto o hacer tests de alcoholemia preventivos —esa labor aburrida de evitar que alguien se mate— pierde peso. Específicamente, la prevención cae un 38% en el baremo de los 413 puntos totales que puede alcanzar una unidad. En cambio, el peso de las sanciones y delitos sube un 35%. Traducido al lenguaje de la calle: la DGT prefiere que el agente escriba la multa que que evite el accidente. Si la unidad llega al tope de puntos, se llevan una prima anual que oscila entre los 600 y los 1.250 euros. No es que te compres un yate, pero es el incentivo perfecto para que el radar sea el protagonista y el consejo preventivo pase a ser un recuerdo romántico. Al final, la seguridad vial se convierte en una hoja de Excel donde el éxito se mide en sanciones y no en vidas salvadas.
Alquileres de oro y ayudas públicas
Hay quien dice que el mérito es la base del éxito, pero hay otros que prefieren la ingeniería inmobiliaria con aroma a plástico. Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez-Castejón Barrios han perfeccionado el arte de cobrar sin sudar: mientras el resto de mortales peleábamos con el código QR y las mascarillas, ellos han ingresado 645.283 euros alquilando su nave de Playbol SA en Algete. Es una jugada maestra. El Gobierno, mediante el ICO y la Compañía Española de Reafianzamiento, inyectó 960.959 euros en ayudas públicas entre 2020 y 2021 para 'salvar' el negocio. Lo curioso es que el dinero público fue a parar a Industrias Plásticas Playbol SL, la empresa que opera la nave, la cual, con una puntualidad suiza, le paga el alquiler a los padres del presidente. Hablemos de números reales, de esos que no salen en los folletos institucionales. Los ingresos anuales de los padres de Sánchez han subido como la espuma: de 48.000 euros en 2018 a unos flamantes 109.281 euros en 2024. Básicamente, se han asegurado un sueldo mensual de unos 8.300 euros mientras el país intentaba no hundirse. Y mientras la empresa facturaba más de 23 millones de euros desde que el hijo llegó a Moncloa, la sociedad de los padres vaciaba el colchón, retirando 2,5 millones de euros desde 2018. Para completar el cuadro bucólico, recordamos que esta nave no es solo una mina de oro, sino también un escenario de negligencias. En 2015, una trabajadora casi pierde la mano en una máquina de 1991 que no tenía ni los certificados básicos. El padre del presidente, en un alarde de generosidad, no solo se negó a pagar las multas de la Inspección de Trabajo, sino que demandó a la víctima. Al final, el TSJ de Madrid le dio el correctivo en 2019, pero el alquiler sigue fluyendo, impoluto, como el plástico que fabrican.
Sánchez: la 'lista de la compra' de Puigdemont
Hay quien dice que en la política, como en el Tinder, el perfil nunca coincide con la realidad. Carles Puigdemont, cómodamente instalado en Bélgica mientras espera que el último fleco judicial de la amnistía se disuelva como azúcar en café, ha decidido abrir el libro de cuentas. En una entrevista con El Mundo, el expresidente catalán ha dejado a Pedro Sánchez en una posición más incómoda que un zapato dos tallas más pequeño. Puigdemont no se ha andado con rodeos: describe al jefe del Ejecutivo como alguien 'amoral' y con una 'ambición desmedida'. Para el independentista, Sánchez no fue un socio, sino un cliente maleable al que Junts pudo empujar hasta el límite. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación, el Gobierno parecía jugar a la generosidad extrema; Puigdemont confiesa que pedían 'de todo' y recibían un 'sí' tan rápido que ni sus propios negociadores se lo creían. Fue una especie de rebajas permanentes donde el Estado español terminó pagando el precio más alto. La negociación, que el PSOE intentó vender como una 'lista de la compra' inocente de infraestructuras y financiación, terminó siendo un menú degustación de soberanía y referéndums. Hubo hasta citas clandestinas en Suiza y mediaciones internacionales, detalles que hacen que la retórica oficial parezca un chiste de mal gusto. En medio del tablero, José Luis Rodríguez Zapatero actuó como el puente diplomático, siendo calificado por Puigdemont como alguien mucho más abierto que el propio Sánchez. El reparto de tareas fue claro: Santos Cerdán hacía de mensajero diligente, trasladando las concesiones que incluían desde la expedición del NIE hasta que los Mossos d'Esquadra controlaran fronteras. Al final, la ruptura llegó no por falta de dinero, sino por un contrato incumplido. Como quien cancela una suscripción porque el servicio no funciona, Junts dinamitó los decretos Maricarmen, precipitando las elecciones generales y dejando claro que, en este juego de espejos, la ambición es la única moneda que no se devalúa.
Sánchez pone 'ojos' remotos en las urnas
Hay quien dice que para leer un código QR basta con una mirada atenta o una app sencilla, pero el Gobierno de Pedro Sánchez prefiere ir a lo grande. Para las elecciones del 29 de noviembre, se han gastado 7 millones de euros en desplegar 61.603 teléfonos inteligentes en las mesas electorales. Siete millones. Para que uno se haga una idea, es como si el Estado decidiera comprar el último iPhone para cada rincón de la administración solo para comprobar si el DNI de un vecino es auténtico. Lo verdaderamente inquietante no es el sablazo presupuestario, sino el 'equipo' que han montado. No son simples lectores; son terminales con 128 gigas de memoria, geolocalización y, aquí viene el giro de guion, control remoto de la pantalla en tiempo real. Es decir, alguien, desde una oficina climatizada, podría ver lo que pasa en la mesa electoral mientras el ciudadano muestra su MiDNI. El pliego de condiciones es claro: permiten instalar aplicaciones a distancia y ejecutar comandos. Es una infraestructura de vigilancia disfrazada de modernización administrativa. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando vemos el calendario. El BOE publicó estas disposiciones mientras el país estaba en luto oficial por la tragedia de Urda, con 69 víctimas aún sin identificar. Mientras las familias lloraban, el Gobierno corría para blindar un sistema de identificación digital que, curiosamente, no es interoperable con la Unión Europea. La Policía dio el visto bueno, pero con una letra pequeña digna de contrato de telefonía: solo avalan la función de verificar el QR, no el hecho de que el móvil tenga capacidad de espionaje remoto o almacenamiento masivo. El Tribunal Supremo ya ha pedido explicaciones, porque en el expediente no aparece ni la marca ni el modelo de los aparatos. ¿Son tecnología punta o gadgets de saldo? Nadie lo sabe, pero el control remoto ya está instalado.
Siete millones en móviles 'ciegos' y remotos
Hay quien gasta el presupuesto mensual en un menú del día y quien, como el Gobierno, decide soltar 7.000.455 euros en un abrir y cerrar de ojos para alquilar 61.603 smartphones Android. No son móviles para que los escrutadores jueguen al Candy Crush, sino máquinas de 'máxima potencia' con 128 GB de almacenamiento, pantallas de 6,6 pulgadas y cámaras de 50 megapíxeles. Un despliegue técnico que haría palidecer a cualquier gamer, pero destinado a una tarea que, según el pliego, debe hacerse 'sin conexión a ninguna red externa'. Aquí es donde la lógica se va de vacaciones. El contrato ECG/21/2026, firmado el 21 de octubre por Carmen López García con Telefónica Defensa y Seguridad, es un ejercicio de equilibrismo mental: exigen que los móviles no se conecten a nada, pero pagan por líneas de datos, geolocalización y un control remoto que permite ver la pantalla en tiempo real. Es como comprar un coche blindado para ir al garaje de al lado, pero insistir en que tenga GPS satelital y control desde la NASA por si acaso. El Tribunal Supremo, que no se ha tragado el cuento, ha dado dos días de plazo para que Interior certifique que estos trastos son seguros. Mientras tanto, el informe del comisario Juan Carlos González Carvajal es un ejemplo de 'lavado de manos' profesional: dice que el verificador QR funciona, pero no suelta ni una palabra sobre si el resto del teléfono es un colador de datos. Al final, nos venden una seguridad de categoría ALTA mientras el Gobierno envía un único teléfono de muestra a la JEC, sin marca ni modelo, como quien entrega una pieza de Lego para explicar cómo funciona un rascacielos. Siete millones de euros por un misterio tecnológico que ahora debe justificarse ante la justicia.
Sablazo moral: madre arrestada por abusos escolares
Hay rutinas que son sagradas: el café, el periódico y, para algunos, la salida del colegio. Pero en Palma, una madre convirtió la recogida de su hija en un catálogo de depravaciones cotidianas. Mientras el resto de padres revisan que los niños no hayan perdido la chaqueta o que no lleven el cuaderno lleno de garabatos, esta mujer decidió que el horario lectivo era el momento ideal para repartir besos en los labios y manoseos en los glúteos. Y no fue un desliz de un día; lo hacía prácticamente a diario, con la naturalidad de quien reparte folletos en la calle. El castillo de naipes se derrumbó en julio. No fue el instinto detectivesco de la dirección del centro, sino una charla preventiva la que permitió que los niños, armados con la verdad, soltaran la sopa. Resulta que la 'madre ejemplar' no solo cazaba víctimas en la puerta del colegio, sino que trasladaba su delirio al hogar. Una trabajadora de la administración, que conocía a la sospechosa, puso la guinda al pastel informando a la Policía Nacional sobre una conducta sexualizada constante que salpicaba todo su entorno. Lo más ruin: la propia hija de la mujer confesó que el contenido erótico era el pan de cada día en su casa, exponiéndola a una realidad para la que ningún niño está preparado. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) no se anduvo con rodeos. Tras confirmar que el 'cariño' de la detenida era en realidad un delito de agresión sexual a menores de 16 años, procedieron a su arresto el pasado martes. Una historia donde la prevención escolar salvó a los niños de una rutina de abusos que se había normalizado bajo la máscara de la maternidad.
Puigdemont: 'Usé la ambición de Sánchez'
En el tablero político, hay quien juega al ajedrez y hay quien juega al 'toma y daca' con el dinero y la estabilidad de los demás. Carles Puigdemont acaba de soltar una bomba a diez días de las elecciones generales del 29-N, justo antes del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. No es una declaración, es una autopsia en vivo. El líder de Junts ha confesado, con la tranquilidad de quien mira el paisaje desde Bélgica, que utilizó la 'ambición desmedida' de Sánchez como una herramienta para 'derrotar a España'. La metáfora es deliciosa: según Puigdemont, el PSOE llegó con la actitud de quien va al supermercado, preguntando qué querían de la 'lista de la compra'. Pero el independentista no quería leche ni huevos; quería el local entero. Mientras Sánchez buscaba la investidura con la urgencia de quien no quiere soltar el mando a distancia del Estado, Junts decidió testear hasta dónde llegaba el cinismo del presidente. El resultado fue un ejercicio de ingeniería política donde el PSOE terminó aceptando demandas que ellos mismos tildaban de imposibles, como la amnistía o la mediación internacional. Puigdemont define a Sánchez como una 'persona amoral'. Es el resumen perfecto de una relación basada en la desconfianza mutua: un socio que no cree en el otro, pero que sabe exactamente cuánto cuesta su silencio. El ex presidente de la Generalitat incluso presume de haber rechazado indultos, prefiriendo el exilio eterno antes que aceptar migajas, obligando al Gobierno a legislar una Amnistía que ahora parece un cheque en blanco firmado bajo presión. Al final, en este mercado de favores, el comprador terminó pagando mucho más de lo que figuraba en el catálogo.
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